El Estado es un instrumento político de organización
social, que tuvo su origen como respuesta a la necesidad de establecer un
ordenamiento ideal para la convivencia armónica de los seres humanos, a medida
que estos se fueron agrupando y desarrollando relaciones entre sí cada vez más
complejas.
En un principio, los seres humanos eran libres y había
igualdad entre ellos. El Planeta era la casa de todos, y podía circularse
libremente de un lugar a otro, sin trámites burocráticos, porque no existían
las fronteras. Todos los recursos eran de todos, cuando no se había establecido
lo que hoy conocemos como “propiedad”.
Cuando la organización social estaba limitada a los
clanes o grupos pequeños de familias, la administración de los recursos y la coordinación
de las tareas resultaba algo de muy poca complejidad. La persona que demostraba con hechos tener más
sabiduría, que muy frecuentemente era una de las de más edad y experiencias
acumuladas, era considerada la más respetable, y por ende asumía el rol de
Consejero o principal autoridad, cuando existía la necesidad de tomar
decisiones que afectasen a la colectividad o a parte de ella.
Luego, fueron uniéndose varios clanes y, como cada uno
contaba con su propio Consejero, surgieron los Consejos de Ancianos, los cuales se reunían cuando había que tomar
decisiones políticas, es decir, que incidieran en el Bien Común de todos los grupos familiares, siendo estos
considerados como una Unidad, donde vivían en igualdad de condiciones y
derechos.
A medida que -por diversas circunstancias- más y más clanes se unieron, las relaciones
entre ellos, la división de las tareas y la distribución de los recursos, se
fue volviendo cada vez de más complejidad, hasta que la creación de una estructura
mayor que administrara, en nombre de todos, el orden político, económico y
social, se convirtió en una necesidad.
El fin supremo del Estado es garantizar El Bien Común; la protección de los ciudadanos y ciudadanas que juntos constituyen El
Pueblo, a través de mecanismos o políticas públicas que garanticen sus derechos
fundamentales.
Todos los poderes emanan del Pueblo, quien elige a sus
representantes, administradores o coordinadores; y los recursos que el Estado administra pertenecen al Pueblo. Entonces, el Estado debe ser lo
suficientemente buen administrador, y coordinador de tareas, para que cada ciudadano
reciba lo que necesita para tener una vida digna.
Lamentablemente, parece que en algún punto de la
Historia, en muchos de nuestros Estados se perdió parte de la esencia primaria
de lo que es -o mejor dicho, debe ser- la responsabilidad asumida por el Estado,
como órgano mayormente administrativo, prestando un servicio público.
Esto así, porque en muchos casos se ha confundido o
tergiversado su razón de ser, convirtiéndose más bien en un instrumento de
dominio de una clase o grupo de personas sobre otras, llegándose a considerar a
los administradores y coordinadores al servicio del Pueblo, como gobernantes y
al resto del Pueblo, los gobernados; en una relación más de sumisión y
obediencia obligatoria de estos últimos ante el dominio y Poder de los
primeros.
Hay que rescatar la esencia, pues esta tergiversación no
puede continuar. Hoy más que nunca se hace imperativo que el Estado asuma su
verdadero rol humanitario, de organización, coordinación y distribución de los
servicios y las riquezas, a través de una estructura funcional liderada por los
mejores Gestores de cada nación.
En nuestros países, los deberes y responsabilidades del
Estado están descritos en la Carta Magna, Norma o Ley Suprema: La Constitución, documento que organiza
los poderes públicos; fundamento del
ordenamiento jurídico del Estado. Pero, lamentablemente, en muchas de nuestras naciones
no se ha logrado todavía encontrar el perfecto equilibrio, la congruencia,
entre lo que está establecido por escrito en ella, y lo que realmente se cumple.
Si verdaderamente nuestros Estados cumplieran con lo que
está dispuesto en nuestras Constituciones, si se respetara por lo menos nuestra
Ley Suprema, no tendríamos indigentes en nuestras calles, pues no existiría la
pobreza material, por lo tanto nadie tendría la necesidad de delinquir para
saciar su hambre. Pero, lamentablemente, es precisamente el hambre una de las
mayores amenazas en este sistema de cosas, impuesto por los gobiernos de este mundo.
Deberes y Responsabilidades del Estado:
Orden Político, Económico y Social.
Consultando algunas de las Constituciones de nuestros países latinoamericanos,
podríamos resumir los deberes del Estado
en los siguientes, esencialmente:
· Ser garante ineludible de los derechos fundamentales de
todos los ciudadanos y ciudadanas: Derecho a la vida, a la seguridad de su
integridad física, seguridad alimentaria; Derecho al pleno ejercicio de la libertad,
justicia, paz, desarrollo integral y sustentable.
· Como administrador de los recursos pertenecientes al
Pueblo, el Estado debe planear, conducir, coordinar y orientar la actividad
económica nacional, para que pueda ejecutarse una justa y equitativa
distribución del ingreso y la riqueza (a
cada quien, según su necesidad).
· Crear la infraestructura esencial de los servicios
públicos básicos para proveer estos a la población: Energía, Transporte, Agua Potable,
Salud, Educación, Comunicaciones, Medio Ambiente Saludable (incluyendo un adecuado
manejo de residuos o desechos).
Promover el desarrollo de las capacidades y fomentar las
actividades que demande el interés general, regulando las mismas de manera que
siempre estén orientadas al Bienestar Común.
·
Fomentar la integración con las demás naciones vinculadas
por intereses comunes.
· Promover la relación del Estado y la Sociedad Civil
basada en la participación mediante el establecimiento de mecanismos adecuados;
Promover la concertación, un presupuesto participativo, transparencia,
vigilancia ciudadana y rendición de cuentas.
“Es función esencial del Estado, la
protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad
y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma
igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad
individual y de Justicia Social, compatibles con el orden público, el
bienestar general y los derechos de todos y todas”. (Artículo 8,
Constitución Política de la República Dominicana, del 26 de enero del 2010).
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¿Qué es lo que tenemos que hacer
para que esta función esencial del
Estado verdaderamente se cumpla en nuestros países?
Vamos, te invito a que encontremos
juntos alguna respuesta…
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