sábado, 15 de junio de 2013

En el camino se nos olvidó: ¿Para qué existen los Gobiernos?



El Estado es un instrumento político de organización social, que tuvo su origen como respuesta a la necesidad de establecer un ordenamiento ideal para la convivencia armónica de los seres humanos, a medida que estos se fueron agrupando y desarrollando relaciones entre sí cada vez más complejas.  

En un principio, los seres humanos eran libres y había igualdad entre ellos. El Planeta era la casa de todos, y podía circularse libremente de un lugar a otro, sin trámites burocráticos, porque no existían las fronteras. Todos los recursos eran de todos, cuando no se había establecido lo que hoy conocemos como “propiedad”.

Cuando la organización social estaba limitada a los clanes o grupos pequeños de familias, la administración de los recursos y la coordinación de las tareas resultaba algo de muy poca complejidad.  La persona que demostraba con hechos tener más sabiduría, que muy frecuentemente era una de las de más edad y experiencias acumuladas, era considerada la más respetable, y por ende asumía el rol de Consejero o principal autoridad, cuando existía la necesidad de tomar decisiones que afectasen a la colectividad o a parte de ella.

Luego, fueron uniéndose varios clanes y, como cada uno contaba con su propio Consejero, surgieron los Consejos de Ancianos, los cuales se reunían cuando había que tomar decisiones políticas, es decir, que incidieran en el Bien Común de todos los grupos familiares, siendo estos considerados como una Unidad, donde vivían en igualdad de condiciones y derechos.

A medida que -por diversas circunstancias-  más y más clanes se unieron, las relaciones entre ellos, la división de las tareas y la distribución de los recursos, se fue volviendo cada vez de más complejidad, hasta que la creación de una estructura mayor que administrara, en nombre de todos, el orden político, económico y social, se convirtió en una necesidad.

El fin supremo del Estado es garantizar El Bien Común; la protección de los ciudadanos y ciudadanas que juntos constituyen El Pueblo, a través de mecanismos o políticas públicas que garanticen sus derechos fundamentales.

Todos los poderes emanan del Pueblo, quien elige a sus representantes, administradores o coordinadores; y los recursos que el Estado administra pertenecen al Pueblo.  Entonces, el Estado debe ser lo suficientemente buen administrador, y coordinador de tareas, para que cada ciudadano reciba lo que necesita para tener una vida digna.

Lamentablemente, parece que en algún punto de la Historia, en muchos de nuestros Estados se perdió parte de la esencia primaria de lo que es -o mejor dicho, debe ser- la responsabilidad asumida por el Estado, como órgano mayormente administrativo, prestando un servicio público.

Esto así, porque en muchos casos se ha confundido o tergiversado su razón de ser, convirtiéndose más bien en un instrumento de dominio de una clase o grupo de personas sobre otras, llegándose a considerar a los administradores y coordinadores al servicio del Pueblo, como gobernantes y al resto del Pueblo, los gobernados; en una relación más de sumisión y obediencia obligatoria de estos últimos ante el dominio y Poder de los primeros.  

Hay que rescatar la esencia, pues esta tergiversación no puede continuar. Hoy más que nunca se hace imperativo que el Estado asuma su verdadero rol humanitario, de organización, coordinación y distribución de los servicios y las riquezas, a través de una estructura funcional liderada por los mejores Gestores de cada nación.

En nuestros países, los deberes y responsabilidades del Estado están descritos en la Carta Magna, Norma o Ley Suprema: La Constitución, documento que organiza los poderes públicos;  fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Pero, lamentablemente, en muchas de nuestras naciones no se ha logrado todavía encontrar el perfecto equilibrio, la congruencia, entre lo que está establecido por escrito en ella, y lo que realmente se  cumple.

Si verdaderamente nuestros Estados cumplieran con lo que está dispuesto en nuestras Constituciones, si se respetara por lo menos nuestra Ley Suprema, no tendríamos indigentes en nuestras calles, pues no existiría la pobreza material, por lo tanto nadie tendría la necesidad de delinquir para saciar su hambre. Pero, lamentablemente, es precisamente el hambre una de las mayores amenazas en este sistema de cosas, impuesto por los gobiernos de este mundo.   

Deberes y Responsabilidades del Estado: Orden Político, Económico y Social.

Consultando algunas de las Constituciones de nuestros países latinoamericanos,  podríamos resumir los deberes del Estado en los siguientes, esencialmente:

·    Ser garante ineludible de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y ciudadanas: Derecho a la vida, a la seguridad de su integridad física, seguridad alimentaria; Derecho al pleno ejercicio de la libertad, justicia, paz, desarrollo integral y sustentable.

·      Como administrador de los recursos pertenecientes al Pueblo, el Estado debe planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, para que pueda ejecutarse una justa y equitativa distribución del ingreso y la riqueza (a cada quien, según su necesidad).

·      Crear la infraestructura esencial de los servicios públicos básicos para proveer estos a la población: Energía, Transporte, Agua Potable, Salud, Educación, Comunicaciones, Medio Ambiente Saludable (incluyendo un adecuado manejo de residuos o desechos).

Promover el desarrollo de las capacidades y fomentar las actividades que demande el interés general, regulando las mismas de manera que siempre estén orientadas al Bienestar Común.  

·         Fomentar la integración con las demás naciones vinculadas por intereses comunes.

·      Promover la relación del Estado y la Sociedad Civil basada en la participación mediante el establecimiento de mecanismos adecuados; Promover la concertación, un presupuesto participativo, transparencia, vigilancia ciudadana y rendición de cuentas.

Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de Justicia Social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas”. (Artículo 8, Constitución Política de la República Dominicana, del 26 de enero del 2010).

¿Qué es lo que tenemos que hacer  para que esta función esencial del Estado verdaderamente se cumpla en nuestros países? 

Vamos, te invito a que encontremos juntos alguna respuesta…

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