Dentro de lo que es el crimen organizado, mafias, grupos o redes delincuenciales, la complicidad implica y va mucho más allá de lo que la mayoría imaginamos. De no ser así, sería imposible que pudieran tener éxito en sus operaciones. En este artículo nos referimos a una clase de complicidad específica: La complicidad de alguien que calla.
Vamos a analizar un ejemplo hipotético:
Supongamos que existe un caso en el que se ha trabajado lo suficiente para saber –y tener pruebas- que se ha cometido un acto de corrupción, de acciones ilegales, que ha perjudicado al Estado porque, con ese acto, el Estado ha dejado de percibir muchos millones de pesos que debió recibir como pago de impuestos.
Ya el caso está en un punto en que ha pasado a manos de las personas que están investidas con la autoridad que se requiere para llevarle hasta la última fase: Proceder a determinar culpabilidades y someter a la justicia; pero sucede que estas personas engavetan dicho caso o lo postergan el tiempo necesario para que quede en el olvido o perima.
La acción de estas personas investidas de autoridad, de engavetar el caso o dilatarlo para que perima, tiene, a mi entender, tres posibles interpretaciones:
1. O no saben lo que tienen que hacer (lo cual es la menos probable de las posibilidades, dado las posiciones que ocupan)
2. O tienen miedo de enfrentar a la delincuencia de frente (cuyo miedo implica perjuicios al Estado)
3. O han aceptado algún soborno para causar que el caso no prospere
Un empleado de nivel administrativo, que ha trabajado en el caso y sabe lo que ha pasado con él, enfrenta el dilema de callar o denunciar lo que ha pasado, ante autoridades de más alto rango dentro de la organización.
Es un dilema porque se podrían dar dos situaciones:
1. Si calla sabiendo lo que esta pasando se convierte en COMPLICE.
2. No sabe si con hacer la denuncia corre varios riesgos, como podrían ser, entre otros:
a. Ser despedido por sus jefes inmediatos que son los que han engavetado el caso.
b. Ser acusado de desleal por haber denunciado estos actos de sus jefes inmediatos, ante autoridades superiores.
c. Ser acusado de “conflictivo” por ver más allá de lo que se supone que vea, y expresarlo.
d. Ser acosado de diferentes maneras.
e. Ser dejado sin funciones.
f. Ser dejado en una posición administrativa inferior a su capacidad, por tiempo indeterminado.
Además, el dilema se puede agravar ante la interrogante de ¿A quién debe dirigirse un empleado para hacer una denuncia como esta? Porque si no ha sido predeterminado por la organización, el cómo debe canalizar un empleado una situación semejante, este no sabrá entonces cuál sería la forma correcta de proceder.
Lo ideal sería que todos los empleados estuvieran claros en qué hacer cuando les conste que sus superiores inmediatos incurren en este tipo de práctica, a quién deben dirigirse y porqué vía; y, sobretodo, deben contar con las garantías de seguridad de que no van a ser objeto de despido, traslado a lugares indeseados por ellos, o agravios de algún tipo, si hacen este tipo de denuncias.
El que la organización no ofrezca mecanismos para este tipo de denuncias, induce a que los empleados caigan entonces en esta clase de complicidad, aunque no quieran hacerlo: La Complicidad de Callar.
Pero entonces, si callamos ante lo que está incorrecto, ¿Cómo se llegará a acabar con este tipo de conductas que perjudican al Estado? ¿Por cuánto tiempo más se estaría premiando con posiciones investidas de autoridad a personas que cometen estas irregularidades?
¿Cómo se combate efectivamente al crimen organizado, las redes de delincuentes, si hay casos que son engavetados y no llevados hasta las últimas consecuencias?
Si analizamos todas las posibles consecuencias en su conjunto, podríamos concluir en que, si este ejemplo hipotético llegase a ser real, constituiría una situación muy seria… a la que debería tratarse como tal. Ojalá Así Sea!
Melba Altagracia Grullón Ubiñas (2010)
Interesante, sin embargo debemos considerar que conjuntamente con la denuncia o el posible seguimiento del caso debe activarse algún mecanismo social para disminuir los casos de corrupción o actos ilícitos.
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